Las protestas del sector agrario han marcado la agenda política y mediática de los últimos meses y lo seguirán haciendo hasta que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, que prometen ser claves para la agricultura y el mundo rural de la Unión.

Los y las agricultoras y ganaderas que tomaron las carreteras expresaron su hartazgo porque no reciben precios justos y suficientes por sus productos. Entre el precio pagado al productor y el precio en la tienda puede haber un encarecimiento del 875% de algunos alimentos. Como lo denunció la organización FACUA a principios de este año1, los beneficios de los intermediarios y las grandes distribuidoras crecen pero no llegan a las personas productoras. Vida Sana se suma al manifiesto de colectivo Coalición Por Otra PAC.
El hartazgo continúa porque los conflictos armados y la sequía han agravado el aumento de los costes de producción, debido a la subida de los precios de los insumos, y de reducción de la productividad.  Hartazgo por el impacto del mercado globalizado, que abre la puerta a la entrada de productos baratos, con los que no se puede competir en precio. Esto genera desigualdad de trato frente a estándares irrenunciables de producción relativos a salud, derechos humanos y salvaguarda del medio ambiente.  Hartazgo porque, ante la incesante subida de los precios de los alimentos, las y los consumidores -en muchos casos en situación precaria- priman precio y cantidad frente a calidad. También, porque la ausencia de un etiquetado claro invisibiliza la agricultura y ganadería de mayor valor socioambiental, diluye los impactos negativos de los distintos modelos de producción y no permite diferenciar productos.  Hartazgo de una Política Agraria Común (PAC) que no apoya lo suficiente a la agricultura y ganadería sostenibles, ni a la agricultura familiar social, mientras que beneficia sobre todo a modelos industrializados que inciden en nuestro bienestar por su impacto sobre la salud humana, el medio ambiente y el bienestar animal. Consecuencia de todo ello, el mundo rural en general y el agrario en particular llevan años arrastrando una situación de crisis. La dificultad de no poder vivir dignamente produce declive poblacional y disminución del número de explotaciones. Y el modelo agroindustrial también dispara la tasa de accidentes y enfermedades crónicas, como, por ejemplo, una mayor incidencia de la enfermedad de Parkinson vinculada a la exposición prolongada a ciertos plaguicidas.

PROPUESTAS
A continuación, se detallan propuestas concretas para la siguiente legislatura del Parlamento Europeo:
*Poner en marcha una legislación ambiciosa sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles (SAS). En mayo de 2020, la Comisión Europea presentó, en el marco del PVE, su estrategia “De la Granja a la Mesa” y prometió lo siguiente: “Con objeto de acelerar y facilitar la transición, y de garantizar que todos los alimentos introducidos en el mercado de la UE sean cada vez más sostenibles, la Comisión presentará una propuesta legislativa sobre un marco para un sistema alimentario sostenible antes de finales de 2023 ”. El objetivo era hacer que el sistema alimentario de la UE sea más sostenible y resiliente y diferenciar el producto europeo en un mercado global competitivo. Esta máxima debe integrarse en todas las políticas relacionadas con los alimentos, con la implicación de todos los agentes y niveles de la cadena agroalimentaria. Entre otras muchas novedades, pretendía desarrollar un etiquetado que integrara esta nueva sensibilidad, para que las personas consumidoras pudieran identificar y apreciar la agricultura y ganadería de mayor valor socioambiental. También, el objetivo era fijar los criterios mínimos para la compra pública sostenible de alimentos, lo que supondría previsiblemente un apoyo a los modelos productivos que mejor lo hacen. Además, dentro de las medidas para lograr SAS, la Comisión planteó la necesidad de fomentar las proteínas vegetales cultivadas en la UE, para no depender de terceros países y además contribuir a la transición hacia dietas que impliquen una menor ingesta de proteína de origen animal. También, se propuso remunerar mejor todas las prácticas agrarias de captura de carbono (reforestación, cultivos de cobertura, mejoramiento del carbono orgánico en el suelo) y de garantizar un acceso más fácil al mercado para variedades tradicionales y adaptadas localmente. Todas estas promesas se hicieron en 2020. Cuatro años después, la Comisión Europea no ha concretado estas propuestas en un Reglamento y, por tanto, quedan en el aire. Después de los comicios del 9 de junio, el nuevo Parlamento Europeo deberá solicitar a la Comisión que le presente una propuesta legislativa que concrete lo comprometido con la ciudadanía. Desde la Coalición Por Otra PAC instamos a los partidos que se presentan a las elecciones a que defiendan la puesta en marcha de un paquete legislativo ambicioso encaminado a lograr unos Sistemas Alimentarios Sostenibles. Esta se tendrá que integrar en futuros reglamentos, como los de la PAC cuando se revisen después de 2027. También, en el de Uso Sostenible de Plaguicidas, del que hablaremos a continuación. Recuperar y aprobar el Reglamento sobre el Uso Sostenible de Plaguicidas. A principios de 2023, más de un millón de ciudadanas y ciudadanos europeos firmaron una petición para eliminar gradualmente los plaguicidas sintéticos para 2035 y apoyar a las y los agricultores en la transición hacia una agricultura sostenible. Un apoyo masivo que responde a una realidad: un estudio en cinco países europeos demostró que el 84% de la población tiene  restos de al menos dos pesticidas en su orina. Todo un problema de salud pública. 

PLAGUICIDAS
En la misma línea, la Comisión Europea propuso en 2022, dentro del marco del PVE, un Reglamento del Uso Sostenible de Plaguicidas (SUR) que pretendía reducir el uso y el riesgo de los pesticidas sintéticos en un 50%, así como el uso de los más peligrosos a la mitad. Sin embargo, después de una intensa campaña del grupo de presión de la industria de fitosanitarios CropLife Europe13 y de las maniobras de las y los conservadores europeos, el Parlamento rechazó la iniciativa de la Comisión. En enero de 2024, Ursula Von der Leyen aprovechó las protestas agrícolas para anunciar que no volvería a poner sobre la mesa dicho reglamento con el argumento de que constituiría “un símbolo de polarización”. De nuevo, aparece la falsa dicotomía entre economía y ecología, cuando la realidad es que son mutuamente dependientes. La productividad depende íntimamente de recursos naturales como el agua, un suelo fértil o los polinizadores y, además, esto contribuye a la disminución del gasto en insumos como fertilizantes o fitosanitarios. Y, viceversa, no hay una naturaleza sana sin una agricultura respetuosa.  La ciencia ha demostrado que se puede disminuir el uso de plaguicidas sin afectar a la rentabilidad del sector agrario. En concreto, demostró que es posible una reducción del 42% del uso de pesticidas sin que afecte a la productividad ni a la rentabilidad, en la mayoría de los casos. El giro hacia una agricultura sostenible es posible si se compensa y remunera de manera justa a través de políticas públicas como la PAC. Por lo tanto, desde la Coalición Por Otra PAC pedimos a las y los candidatos a las elecciones europeas que se comprometan a presionar a la Comisión y a los Estados miembros para que vuelvan a poner sobre la mesa el Reglamento del Uso Sostenible de plaguicidas. El Parlamento europeo puede, por mayoría de sus miembros, solicitar a la Comisión que le presente una propuesta legislativa e impulsar su aprobación en el futuro período legislativo. 

2027
A corto plazo, defender las obligaciones de la condicionalidad ambiental:
Es necesario revertir las modificaciones introducidas en los reglamentos de la PAC para reinstaurar las obligaciones inherentes a la adjudicación de ayudas públicas y los controles a las explotaciones para asegurar su cumplimiento. Es necesario reestructurar la condicionalidad de las ayudas y los requisitos para su concesión, y simplificar la carga burocrática de las y los agricultores y ganaderos, sin que ello implique reducir la ambición ambiental y social de la PAC. A medio y largo plazo, apostar por una futura PAC más ambiciosa:  El bloque medioambiental de la PAC actual (2023-2027) tiene como objetivo actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente y conservar la biodiversidad. Y aunque es más ambiciosa que la precedente, no cuenta con un presupuesto suficiente para financiar la transición agroecológica del sistema alimentario y recompensar las prácticas agrarias beneficiosas para el medio ambiente y el conjunto de la sociedad, asegurando que el dinero público se destine a bienes públicos.  Por ejemplo, las ayudas directas como los eco-regímenes no remuneran adecuadamente las prácticas agrarias medioambientalmente más respetuosas. Es el caso de la práctica para dar espacio a la naturaleza. Pese a que es la que tiene mayor potencial para fomentar la biodiversidad en los campos -y con ello los servicios que gratuitamente presta-, es la peor compensada: 8,51€/ha frente a los 165,72€/ha que recibe el agricultor si hace siembra directa en superficies de regadío. Además, la actual norma perpetúa las desigualdades y la injusticia. Así, en España, el pago básico a la renta sigue subvencionando regiones de cultivos herbáceos en regadío con 1.229 €/ha y, 22 veces por debajo, regiones de pastos permanentes (incluidas las dehesas) con 56 €/ha. Esto convierte a los Sistemas Agrarios de Alto Valor socioambiental en los grandes olvidados de la PAC. Así, la futura PAC a partir de 2027 tendrá que garantizar necesariamente unas rentas y unas condiciones sociolaborales justas para las personas que producen alimentos sanos y sostenibles. También en la próxima reforma, será crucial que se asegure el acceso a la tierra, rediseñando el actual modelo de pagos directos que socava el relevo generacional y que se refuerce y visibilice el papel de las mujeres en el sector agroalimentario. Deberá mejorar la gobernanza para construir una PAC con la ciudadanía incorporando la pluralidad de intereses en el proceso: las personas que producen alimentos y también el resto de agentes implicados, por ejemplo, las ONG ambientales, de bienestar animal, de desarrollo rural, asociaciones de mujeres, consumidores, etc. Y en último priorizar el interés general público con una visión de largo plazo.  Desde la Coalición Por Otra PAC, llamamos a que los partidos que se presenten a los comicios europeos en junio de 2024 incorporen la necesidad de defender una PAC justa y verde. El Parlamento europeo será un actor clave a la hora de salvaguardar la ambición de la actual PAC y revisar la que vendrá después de 2027.

Coalición Por Otra PAC